Los aspirantes que intentaron frenar el examen de control de la UNAM por la vía legal acaban de chocar contra un muro: jueces federales ya empezaron a desechar los amparos UNAM examen control por considerarlos notoriamente improcedentes, y hasta ahora ninguna demanda ha sido admitida a trámite.
¿Qué pasó exactamente con los amparos UNAM?
En los últimos días, los Juzgados Cuarto, Sexto y Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México desecharon al menos seis amparos interpuestos por aspirantes que rechazan volver a presentar un examen presencial. La razón: los jueces determinaron que la convocatoria al examen de control no constituye un acto de autoridad impugnable por esta vía. En paralelo, otros juzgados —el Quinto, Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Cuarto— dieron plazo a algunos quejosos para aclarar sus demandas antes de decidir si las desechan también.
En total, se han promovido alrededor de quince amparos, algunos de ellos colectivos. Ninguno ha prosperado.
¿Por qué los jueces no aceptan estos amparos?
Hay dos argumentos jurídicos centrales que usaron los juzgadores:
1. Criterio histórico de la Suprema Corte: Desde 2005, la SCJN estableció que las decisiones de universidades públicas autónomas sobre admisión de nuevos alumnos no pueden ser impugnadas mediante amparo. La lógica es concreta: un aspirante aún no tiene la calidad jurídica de alumno hasta que cumple requisitos, es admitido formalmente y queda inscrito. Sin ese estatus, no hay derecho vulnerado que el amparo pueda proteger.
2. Sin afectación a derechos jurídicos: El juez Francisco Javier Rebolledo resolvió, al desechar tres demandas, que la convocatoria al examen de control presencial no afecta intereses jurídicos o legítimos de los aspirantes. Dicho de otra forma: que te citen a presentar otro examen no te quita nada que ya tuvieras garantizado.
El contexto: por qué existe este examen de control
Para entender el litigio hay que regresar al origen. 2026 fue el primer año en que la UNAM aplicó su examen de admisión a licenciatura 100% en línea, con 158,723 aspirantes. Al publicar resultados el 17 de julio, la propia universidad detectó anomalías estadísticas imposibles de ignorar: entre 2021 y 2025, solo el 3.5% de los aspirantes obtenía 100 o más aciertos (de 120); en 2026 esa proporción saltó a 16.3%. Quienes sacaron 110 o más pasaron de 0.9% a 5.5%, es decir, se multiplicaron por seis.
La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso, integrada por 16 especialistas en educación, estadística, derecho e inteligencia artificial, recomendó al rector Leonardo Lomelí aplicar un examen de control presencial. El rector aceptó todas las recomendaciones y se disculpó públicamente con quienes fueron aceptados limpiamente pero igualmente tendrán que volver a presentar la prueba. Puedes consultar la postura oficial de la universidad directamente en Gaceta UNAM.
La Comisión subrayó que ser convocado al examen de control no implica una acusación de conducta irregular: es un mecanismo para garantizar equidad en el proceso. El examen presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.
¿Por qué te importa la controversia del examen control UNAM?
Porque el resultado de este proceso define quién entra a la universidad pública más grande de América Latina, y la forma en que se resuelva sentará precedente para todos los exámenes de admisión digitales que vienen. Si la UNAM —o cualquier otra universidad— puede hacer trampa colectiva en línea sin consecuencias legales, el sistema entero queda en entredicho. Y si los juzgados no son la vía, entonces ¿cuál es?
También importa porque los amparos UNAM examen control revelaron algo incómodo: el sistema jurídico mexicano no tiene herramientas claras para proteger a aspirantes —que no son alumnos pero tampoco son nadie— cuando una institución cambia las reglas del juego a mitad del partido. Eso es un hueco legal que nadie ha cerrado.
¿Qué sigue para los aspirantes?
La ruta judicial está prácticamente cerrada por ahora. Algunos juzgados aún esperan que los quejosos aclaren sus demandas —tienen cinco días para hacerlo—, pero el patrón es claro: sin un cambio de criterio o un argumento jurídico distinto, los amparos seguirán cayendo.
Mientras tanto, alrededor de 58,000 aspirantes deberán presentarse al examen presencial en agosto. Los lugares disponibles se asignarán con base en los resultados de esa prueba, no en los del examen original. Para los que pasaron con puntajes limpios, es una segunda vuelta que no pidieron. Para quienes hicieron trampa —si es que los hay—, es exactamente lo que debería pasar.
La UNAM también presentó una denuncia penal formal contra quien resulte responsable de las irregularidades, y la Comisión Técnica seguirá investigando incluso después de que concluya el proceso de ingreso. Puedes seguir las actualizaciones en el micrositio oficial del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 de la DGAE.
Postura editorial
El amparo es la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos frente al Estado en México. Que no sirva aquí no necesariamente significa que los aspirantes estén equivocados en su reclamo: significa que el derecho administrativo universitario tiene un vacío enorme. La UNAM tomó una decisión difícil pero razonable ante una evidencia estadística que no podía ignorar. El problema real no es el examen de control —es que el primer examen en línea no tenía los controles suficientes para evitar este desastre desde el principio.
