La reforma al aborto en el Código Penal Federal lleva dos años sin moverse en el Congreso de la Unión. Desde septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Poder Legislativo derogar los artículos que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal — y los legisladores, hasta hoy, no han cumplido.
¿Qué resolvió exactamente la Corte?
El 6 de septiembre de 2023, la Primera Sala de la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 267/2023 — promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) — y declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que penalizan el aborto voluntario en el ámbito federal.
La Sala determinó que esas normas anulan de manera absoluta el derecho de la mujer o persona gestante a decidir sobre su embarazo, vulnerando derechos a la igualdad, la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
El amparo, concedido por mayoría de tres votos, tuvo un efecto concreto pero limitado: la Corte le ordenó al Congreso derogar esos artículos. El acceso pleno al aborto sin riesgo penal a nivel federal quedaría garantizado solo hasta que los legisladores cumplieran esa orden.
El problema: el aborto sigue en el Código Penal Federal hoy
Han pasado más de dos años y el Congreso no ha actuado. La última reforma al Código Penal Federal, del 13 de marzo de 2026, dejó intactos los artículos 329 al 334. El artículo 332, por ejemplo, establece penas de seis meses a un año de prisión para quien voluntariamente procure su aborto bajo ciertas condiciones, y de uno a cinco años cuando no concurren circunstancias atenuantes basadas en estereotipos de género que llevan décadas en el texto legal.
En términos prácticos, eso significa que mientras el sistema de salud federal debería ofrecer el servicio — IMSS, ISSSTE, PEMEX e IMSS-Bienestar —, la norma penal sigue siendo la misma de 1931. Una contradicción que no es accidental: es omisión legislativa.
¿Por qué te importa el aborto en el Código Penal Federal?
Porque el limbo legal tiene consecuencias reales. En 2025, 63 mujeres seguían en prisión o en proceso por haber interrumpido su embarazo, a pesar de que la Corte ya había declarado inconstitucional criminalizarlas. Y no es un problema solo federal: la deuda del Congreso manda una señal a los congresos estatales que también resisten reformar sus propios códigos penales.
Que una ley exista en el papel y no se aplique no es lo mismo que tener un derecho garantizado. El estigma, el miedo y las carpetas de investigación no desaparecen porque un comunicado de prensa diga que la Corte ya actuó. Las organizaciones que acompañan a mujeres en estos procesos lo saben bien.
El panorama en los estados tampoco es alentador
A diciembre de 2025, 25 de las 32 entidades han avanzado en reformas o cuentan con sentencias que impiden la criminalización. Pero Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Querétaro y Morelos siguen pendientes — y en los tres últimos, los congresos locales tienen órdenes directas de la Suprema Corte que tampoco han cumplido.
Este patrón de desacato institucional no es un accidente ni una cuestión técnica. Es política. Y la omisión federal da cobertura al rezago estatal. Si el Congreso de la Unión no mueve el Código Penal Federal, difícilmente los congresos más conservadores van a sentir presión para moverse.
El contexto importa: este tipo de inercias legislativas no son exclusivas de los derechos reproductivos. Como apuntamos en nuestra nota sobre la iniciativa para eliminar la inmunidad procesal de legisladores y gobernadores, el Congreso tiene un histórico de dejar pendientes las reformas que más incomodan a quienes detentan el poder.
¿Qué sigue en la agenda del aborto en el Código Penal Federal?
Esta semana, en el marco del 28S — Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro —, organizaciones feministas entregaron una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para derogar el delito de aborto de la norma federal. La exigencia es la misma de siempre, pero ahora viene con dos años de desacato documentados encima.
La red de profesionales de salud Salvemos Miles de Vidas México ya lo dijo claro a finales de 2025: la deuda pendiente de México es sacar el aborto del Código Penal federal y tratarlo como lo que es — un tema de salud pública, no de derecho penal.
La Corte ya hizo su parte. La pregunta es cuándo el Congreso va a hacer la suya. Y si no lo hace, qué vamos a hacer para que les cueste políticamente seguir ignorándolo.
